Maniobras con el dólar barato: dos funcionarios del BCRA investigados pidieron la nulidad de sus allanamientos

Los funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) investigados por presuntas irregularidades en la venta de dólar oficial a las financieras de Elías Piccirillo y de Francisco Hauque comenzaron a jugar en la causa judicial. Dos de ellos pidieron la nulidad de los allanamientos que se realizaron a fin de año en sus viviendas.

Se trata de Diego Volcic, inspector jefe, y María Valeria Fernández, supervisora de entidades financieras. A través de sus abogados pidieron que se anulen las requisas a sus domicilios por la forma en la que se inició el expediente: la declaración de un arrepentido que no está vinculado al hecho y que aportó un audio que no saben si es veraz. Además, Fernández hizo una presentación personal.

Esta es la primera vez que las defensas hacen planteos en la causa. Y apuntan a cerrarlo. Los pedidos de nulidad comenzarán a ser tratados el próximo lunes cuando termine la feria judicial de enero y se retome la actividad. Primero opinará el fiscal federal Franco Picardi y luego resolverá el juez Sebastián Casanello.

En la causa se investiga si Piccirillo, Hauque y Martín Migueles -los tres socios en financieras y casas de cambio- compraron dólar oficial de manera irregular en 2022 y 2023, cuando había cepo cambiario, con la complicidad de funcionarios del BCRA.

El expediente se inicio por la declaración como arrepentido del ex oficial de la Policía Federal Carlos “Lobo” Smith. Relató que formó parte de un operativo ilegal que le armó en enero de 2025 Piccirillo a Hauque por una deuda de seis millones de dólares. Piccirillo le dejó un arma y un kilo de cocaína en la camioneta. Pero también dijo que Piccirillo le contó que tenían “adornados” a funcionarios del BCRA para la compra de dólares

Smith también aportó audios. Uno de ellos es una conversación de Piccirillo con Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA. García le reconoce que asesoraba a Hauque y agrega que “está prohibido eso”. También que Huaque la amenazaba a ella y a los otros funcionarios, lo que fue informado a las autoridades del banco pero que no hicieron nada porque “había gente arriba toda entongada”.

El juez Casanello y el fiscal Picardi hicieron a fin de año un procedimiento en el BCRA en búsqueda de información y allanaron las viviendas de Volcic, Fernández, García, Analía Jaime, inspectora General de supervisión de entidades no financieras; Fabián Violante, gerente Principal de Supervisión de Entidades “A”. Todos aparecen en el audio de Piccirillo y García.

De las casas se secuestraron celulares, computadoras, notebooks, pen drive que ya empezaron a ser peritados. También el BCRA inició una investigación interna para determinar si los funcionarios incumplieron el Código de Ética del banco o la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Las defensas comenzaron a hacer presentaciones. Los abogados de Volcic, Ignacio Trimarco, y el de Fernández, Aníbal Campana, pidieron la nulidad de los allanamientos.

Los abogados explicaron que se llegó a los nombres de los funcionarios por la declaración de un arrepentido y un pen drive que entregó. Para ellos esos elementos están viciados. Por un lado, porque Smith no es arrepentido en la causa del dólar y por lo tanto sobre eso pudo mentir. Y sobre el audio de Piccirillo con García sostienen que no se sabe si verdadero o si está editado.

“La orden de allanamiento se ha basado y valorado en una prueba que se encuentra viciada de nulidad absoluta como lo son los propios dichos de Carlos “El Lobo” Smith, un testigo que no está obligado a decir verdad, que está tratando de mejorar su situación procesal, refiriéndose a supuestos hechos ajenos a la investigación”, sostuvo Trimarco en su pedido de nulidad.

Por otra parte, la propia Fernández hizo una presentación en la causa en la que dijo que cuando ocurrieron los hechos que se investigan ella estaba de licencia o trabajaba en otros temas.

“Hago saber que en la actualidad y desde agosto de 2023 me encuentro en uso de licencia médica”, señaló Fernández. Y agregó: “Que en el lapso comprendido entre los meses de abril de 2022 y agosto de 2023 estuve afectada a jornada laboral reducida bajo la modalidad home office utilizando una Mac personal para mi conexión, y mis tareas se refirieron a elaborar varias actuaciones presumariales relativas exclusivamente al Banco Galicia y Buenos Aires SAU”.

La funcionaria dio las claves para acceder a su celular y computadoras y se puso a disposición de la justicia para colaborar con la causa.